El pueblo costarricense solicita con urgencia legislar con inmediatez para detener la oleada de delincuencia y violencia que se apodero de nuestro país.

No hay discursos ni análisis teóricos insulsos que valgan: mientras las autoridades y gobernantes se sientan a discutir sobre lo que debe ser o no una política criminal adecuada, los jóvenes de la patria caen acribillados por un celular, trabajadores honestos son despojados de bienes e integridad física por criminales que viven de lo ajeno; empresarios y ciudadanía en general vivimos presas del terror y encerrados como fieras en negocios y casas que hemos tenido que convertir en jaulas.

Los “expertos” argumentan que los problemas sociales más importantes son motores principales de la delincuencia, y por ende, según ellos, hasta tanto no se resuelvan las causas productoras de esas deficiencias sociales es inconveniente aumentar penas, enviar más policías a las calles, ni endurecer leyes que otorguen más seguridad al ciudadano. Mientras defienden estos argumentos, los negocios son saqueados, vidas cegadas; barrios y ciudades atacados sin misericordia por la delincuencia. La pobreza siempre ha existido y existirá y si se pretende que comencemos a defendernos hasta que los problemas sociales no existan, han llegado a un estado de inconsciencia que solamente explica el aumento incontrolado de la violencia y la caída de cientos de inocentes a manos del hampa.

Aquí hay que esclarecer varios caminos: 1) La brecha e injusticia social es fruto de las políticas económicas y sociales erradas implementadas en los últimos 50 años. 2) Una cosa es el combate a la pobreza y otra vía es el deber que tiene el Estado de proveer instrumentos válidos para poner orden en las calles. No se puede  demorar más en la aplicación de leyes que devuelvan la tranquilidad a los costarricenses. La Paz no es una ventaja social, sino un derecho que tenemos cada costarricense por obligación del Estado.

Es inconcebible que una persona pase hasta 100 veces por los estrados judiciales y continúe libre vacilando a las autoridades policíacas y al sistema, sin que haya un juez que ponga límites.

Nuestras leyes en materia penal fueron creadas como muchos “portillos”, siendo muy permisivas y trayendo como consecuencia que una persona burle del sistema y se convierta en un profesional habitual en arrebatar a personas honrados bienes e incluso su vida, porque no hay ley que les ponga en su lugar. Ejemplos de esta permisibilidad sobran, pero el mejor es el conocido como la bagatela en los hurtos menores a cierta cuantía, es la escuela perfecta de aprendizaje para los que delinquen. Se debe reformar las leyes para hacer valer un cumplimiento efectivo de la pena.

No concibo cómo el tema de los derechos humanos no sea una herramienta que se utilice a favor de las víctimas y más bien casi siempre es utilizada para favorecer a los que cometen el delito. Me pregunto ¿Por qué razón a un sospechoso le tapan la cara? ¿No tiene derecho el pueblo a conocer a quién se persigue por la probable comisión de delitos?  Que no exista una coordinación efectiva entre las instancias judiciales y se dejen libres a narcotraficantes con resoluciones judiciales poco claras.

La libertad del individuo es sacrosanta, que la persona tiene derecho a trabajar y crear riqueza sin la amenaza constante de violentos que pululan en nuestro suelo. El combate a la delincuencia es un asunto de manejo integral, que debe atacarse desde varias direcciones, pero, ante la emergencia nacional que vivimos en materia de inseguridad ciudadana llegó el momento de implementar mano dura y dejarse de miramientos a la hora de aplicar la fuerza sanadora de la ley en procura de devolver la paz a nuestros habitantes.