Recope presentó una denuncia penal en contra de exjerarcas de Recope, por  presuntas irregularidades relacionadas con tres convenios que permitieron el  desembolso de $2,1 millones.

Los hechos denunciados ocurrieron entre el 2011 y el 2015, cuando Recope y  Ad Astra firmaron acuerdos para investigar y desarrollar un proyecto que  pretendía incursionar en el hidrógeno como materia prima para combustibles. 

“En la sana teoría, para que Recope pueda incursionar en este tipo de proyectos,  primero debe pasar por la reforma de ley en la Asamblea Legislativa, dado que  nuestras competencias están delimitadas”, explicó Karla Montero, presidenta de  Recope. 

Los tres convenios

En octubre del 2011 se firmó el primero de los convenios mencionados, el cual  permitió a Recope aportar $300.000 para un estudio de factibilidad de un sistema  de almacenamiento de hidrógeno.

El segundo convenio data de julio del 2012 e hizo que Recope aportara $1,4  millones para el diseño del sistema de producción y almacenamiento de  hidrógeno.

Finalmente, hubo un tercer convenio que permitió, en febrero del 2014, aportar  $400.000 a esa empresa privada, para operar ese sistema de producción y  almacenamiento de hidrógeno.

En medio de la firma del primer y segundo convenio, la administración de Recope  acudió a la Contraloría General de la República para conocer si este convenio  estaba dentro del marco legal; sin embargo, el órgano contralor respondió que  no requería de su autorización.

Además, durante ese periodo, también hubo dos decretos firmados por la  expresidenta Laura Chinchilla; el exministro de Ambiente, René Castro, y el  exministro de Hacienda, Édgar Ayales (q.d.D.g.). El primero de los decretos (N.°  37222-MINAET) autorizó a Recope a investigar y desarrollar energías  alternativas y el segundo brindó contenido económico al convenio con Ad Astra  (N.° 37447-H).

Suspensión del proyecto

Después del desembolso de $2,1 millones, Recope solicitó criterio a la  Procuraduría General de la República (PGR) sobre las competencias en materia  de biocombustibles, ante una instrucción de la Contraloría. A partir de la solicitud,  la PGR concluyó que Recope carecía de competencia legal para incursionar en  la producción e industrialización de biocombustibles. 

Dada esta situación, esta administración Recope presentó una denuncia penal  por el presunto delito de incumplimiento de deberes en contra de .

Finalmente, hoy se destituyó a la Gerenta General para no entorpecer la  investigación que realicen las autoridades judiciales, ya que participó en las  decisiones iniciales de la firma del primer convenio. 

Última actualización: 26/06/2024