El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, advirtió el debilitamiento en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, si prospera una moción que pretende reducir en más de 2.500 millones de colones, el monto que percibe la institución de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, N°9428 de 21 de marzo de 2017.

“La rebaja de este monto impactaría directamente la operatividad de los cuerpos policiales o en su efecto la sostenibilidad de las 1.000 plazas policiales que fueron creadas y a las cuales se les ha dado el financiamiento desde el 2018”, argumentó el ministro Zamora, en la misiva oficial enviada al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, a la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas y, a los diputados de la fracción oficialista.

La misiva explica que, de la recaudación de los recursos provenientes del impuesto, el Ministerio de Seguridad Pública podrá invertirlos en: Infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial, atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia.

No obstante, la Ley No.9428, en el Artículo 15, hace referencia a una situación excepcional, la cual establece que: “Se autoriza al Ministerio de Seguridad Pública, para que, al amparo de esta Ley, y por única vez, cree mil plazas policiales, cuyos costos podrán ser cubiertos, durante toda su existencia, por los recursos provenientes de la presente ley”.

Aquí es donde radica la grave afectación de esta iniciativa, ya que, precisamente, el Ministerio de Seguridad pública ha utilizado estos recursos para la atención de dos rubros significativos en el servicio que brinda a la población costarricense, El primero, corresponde al pago de remuneraciones correspondientes a 1.000 plazas policiales del Programa 093-Servicio de Seguridad Ciudadana, mismas que fueron creadas en el 2018 y desde ese momento para poder darle la sostenibilidad a las mismas han sido financiadas con recursos provenientes de este destino específico, actualmente estos recursos representan aproximadamente el 62% (¢10.550.427.897,00) del monto asignado por este concepto.

El 38% restante, es decir ¢6.515.472.103,00 corresponde al financiamiento del gasto operativo cuya finalidad de inversión como se mencionó anteriormente comprende la infraestructura física de los cuerpos policiales, adquisición de equipo policial y para cubrir las necesidades operativas para la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia.

“En virtud de la modificación planteada, esta Cartera Ministerial, se opone en todos sus extremos, dada la evidente afectación en la operatividad de los cuerpos policiales y sostenibilidad de las plazas que fueron creadas desde el año 2018”, señala la misiva enviada a la Asamblea Legislativa.

“Este importante tener equilibrio de fuerzas con el crimen organizado y no es el momento de desvestir un santo para vestir otro. Espero una respuesta positiva a esta solicitud de no afectación a las finanzas del Ministerio de Seguridad Pública, que de por sí, son escasas”, finalizó el ministro Zamora.

Última actualización: 29/01/2024