El pasado 6 de mayo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hizo llegar a las Municipalidades del país el documento denominado “PROTOCOLO PARA LA DECLARATORIA DE CALLES PÚBLICAS EN LA RED VIAL CANTONAL DE COSTA RICA”, el cual asigna un carácter vinculante a un documento que no es una norma jurídica y al mismo tiempo viola la autonomía municipal de manera flagrante, al desconocer los alcances de la autonomía reglamentaria y los avances en los procesos de descentralización en materia de vialidad. 

A partir de la Ley No. 8114, la Ley No. 9329, y el marco general de descentralización que se estableció en la Ley No. 8801 para dar cumplimiento al artículo 169 constitucional, los Gobiernos Locales ostentan la competencia de atención de la red vial cantonal, que incluye el planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el plan vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio.

“No podemos permitir que se retroceda en materia de descentralización de la red vial cantonal, una lucha que se concretó desde el municipalismo hace más de 5 años. En este momento estamos gestionando una audiencia con las nuevas autoridades del MOPT para que se pueda retrotraer el protocolo de declaratoria de calles públicas e iniciemos los procesos de diálogo necesarios para encontrar una salida de mutuo acuerdo” manifestó Karen Porras, Directora Ejecutiva de la UNGL. 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) apoya el recurso de revocatoria con apelación subsidiaria y nulidad concomitante presentado por la Municipalidad de Tilarán contra dicho protocolo. 

Última actualización: 11/05/2022