En una lamentable muestra de desconexión con la realidad de la clase trabajadora costarricense, la diputada Daniela Rojas del PUSC (proponente del proyecto), junto con otras fracciones aliadas, votó a favor de aplicar vía rápida al proyecto de jornadas laborales de 12 horas. Esta acción no solo representa una traición a los principios básicos de justicia social, sino que expone una visión profundamente deshumanizante del trabajo y de las condiciones reales en las que viven miles de personas en este país.

Con discursos vacíos de empatía, Rojas y compañía han insistido en que “los trabajadores podrán decidir”, apelando a una supuesta libertad de elección. Pero esto no es más que una fachada retórica. En Costa Rica, como en la mayoría del mundo, la relación entre empleador y empleado es profundamente desigual. No hay simetría de poder en una negociación donde el sustento diario está en juego. Cuando se vive al día, cuando hay que pagar alquiler, comida, medicamentos y transporte, ¿de qué libertad se habla?

Aceptar esta vía rápida sin una discusión seria sobre redes de cuido, condiciones de traslado, salud mental y física, seguridad en el transporte nocturno o acceso a servicios públicos en horarios extendidos, es actuar con negligencia. Es una política construida desde la comodidad del aire acondicionado legislativo, sin siquiera rozar la piel de quienes tendrán que pasar 12 horas de pie, tras un mostrador, frente a una máquina o en el volante de un bus.

Y como si no bastara con esa visión privilegiada, es importante recordar un dato que debería encender las alarmas: Costa Rica es el país con el peor equilibrio entre vida y trabajo en toda la OCDE. Según el informe de Better Life Index de la misma organización, un altísimo porcentaje de personas en el país ya trabaja más de 50 horas semanales, y menos del 2% de su tiempo diario se dedica a ocio o cuidado personal. Nos jactamos de formar parte del “club de países desarrollados”, pero impulsamos leyes que nos alejan cada vez más de sus estándares laborales. Mientras en la mayoría de esas naciones se tiende a reducir la jornada laboral, acá se la estira hasta el agotamiento.

Las jornadas extenuantes no solo desgastan el cuerpo; roban el tiempo de crianza, el tiempo de descanso, el tiempo de vivir. Y es importante decirlo con claridad: este proyecto beneficia a grandes empresas, a sectores que quieren más horas productivas por menos garantías laborales y seguridad jurídica de las y los trabajadores, a los mismos de siempre. Y si no lo frenamos, lo pagan con su salud —y muchas veces con su vida— las personas trabajadoras más vulnerables.

La diputada Rojas y el bloque que la acompañó no legislaron pensando en el país que madruga, sino en los intereses de unos pocos. El costo lo asumirán quienes deben levantarse a las 4 a.m. para cruzar una ciudad sin tren, sin buses a tiempo, sin redes de cuido abiertas y con buen presupuesto.

No es progreso si se construye sobre el agotamiento humano.

No es libertad si no hay dignidad.

Y no es democracia si la mayoría solo tiene derecho a obedecer.