En las democracias que atraviesan procesos de transformación profunda suele emerger una tensión estructural entre dos fuerzas: aquellas que sobreviven por su control del aparato estatal —los invencibles con privilegios— y aquellas que avanzan por pura determinación social —los inagotables con voluntad. Costa Rica, lejos de ser la excepción, vive hoy ese conflicto de manera abierta y visible.

El país enfrenta un momento definitorio, donde la legitimidad social y la demanda de cambio chocan con una arquitectura institucional rígida que parece diseñada para resistir cualquier intento de reforma ya que se convirtió en una casta. Lo que está en disputa no es un gobierno, ni siquiera un ciclo electoral: es la capacidad del sistema para adaptarse o colapsar ante la presión ciudadana acumulada durante décadas.

Los invencibles con privilegios: poder sin legitimidad

Los “invencibles” no se sostienen por su popularidad ni por su eficacia, sino por su control de estructuras estatales que operan como fortalezas autónomas. Según el Bertelsmann Transformation Index (BTI), Costa Rica mantiene un conjunto de “veto players” institucionales que limitan la capacidad del Ejecutivo para ejecutar reformas profundas y que prolongan un modelo de gobernanza enfocado más en resistir cambios que en producir soluciones.

Estas élites institucionales se encuentran en: órganos autónomos y semiautónomos, burocracias con estabilidad casi absoluta, sectores del Poder Judicial, sindicatos de alta influencia en áreas estratégicas, cúpulas administrativas, redes de cuido, partidos tradicionales cuya estructura interna permanece intacta pese a su debilitamiento electoral y de marcal.

Estos grupos operan dentro de una cultura de autopreservación: defienden sus posiciones no por convicción democrática, sino por la necesidad de proteger privilegios históricos, beneficios laborales desproporcionados, prescribir casos de corrupción,  control sobre plazas estratégicas y el poder informal de decidir qué puede o no puede hacer un gobierno electo por el pueblo.

Esas personas que forman parte de un gobierno paralelo partidario no se consideran a sí mismos actores políticos tradicionales; muchos incluso se ven como “técnicos”, “neutrales” o “guardianes institucionales”. Sin embargo, su influencia es profundamente política y, en muchos casos, incompatible con la demanda social de modernización del Estado.

Su fortaleza no radica en ganar debates, elecciones o adhesiones; radica en su capacidad para no ser removidos.  Por eso se creen del grupo de los “invencibles”. Pero se les olvida que de las vacas sagradas se hacen las mejores hamburguesas.

Los inagotables con voluntad: legitimidad sin poder institucional

Frente a ellos se encuentra una fuerza distinta: la de los ciudadanos que han visto deteriorarse la capacidad del Estado para ofrecer seguridad, justicia pronta y cumplida sin negociaciones por debajo de la mesa para unos,  servicios públicos eficientes, justicia o prosperidad económica. Esta fuerza social —diversa, fragmentada, pero persistente— representa a los inagotables con voluntad.

Son inagotables porque siguen avanzando incluso cuando pierden batallas políticas. Su motor no es una estructura, sino un malestar social profundo: la frustración ante un Estado que consume recursos enormes y entrega resultados pobres; la percepción de que los partidos tradicionales se desconectaron de la ciudadanía; el rechazo a un sistema de privilegios administrativos que parece más preocupado por proteger estatus internos que por responder a las necesidades del país.

Esta ciudadanía no controla instituciones, pero sí controla algo más fuerte: la legitimidad, la narrativa pública, la capacidad de castigar a quienes no responden y la facultad de redefinir el equilibrio político a través del voto.

Los inagotables impulsan liderazgos antisistema, castigan a los partidos tradicionales, exigen eficiencia y transparencia, empujan hacia una refundación del estado que rompa con el viejo orden de privilegios y exigen el cambio institucional de acorde a la realidad doméstica. Lo de ellos no es ver el mundo desde una torre de cristal o una pirámide en La Sabana.

No tienen el blindaje legal o burocrático para defenderse como sí tienen los “invencibles” (dictadura maquillada), pero tienen la energía colectiva y el agobio acumulado que se ha ido expresando cíclicamente en las urnas y en la calle. Por eso son “inagotables”.

El choque estructural: una casta que intimida vs. una sociedad que no se cansa.

Costa Rica se encuentra justo en el punto donde estas dos fuerzas colisionan.

 De un lado, un aparato estatal que, como advierte el BTI, muestra una enorme capacidad para paralizar reformas, pero una capacidad cada vez menor para evitar el desgaste social.

Del otro, una ciudadanía que no reconoce a los partidos tradicionales como representantes legítimos, pero que tampoco encuentra canal institucional estable para transformar el Estado en su conjunto. Por eso busca un partido y gobierno que lleve reformas estructurales como el PPSO y una candidata como Laura Fernández. Eso dicen las encuestas y la calle.

La elección de un liderazgo antisistema —popular entre sectores históricamente marginados del poder— no es una anomalía: es el síntoma.  Lo que está ocurriendo no es un conflicto coyuntural, sino un cambio de época.

En Costa Rica se agotó el modelo donde la institucionalidad se legitimaba por su sola existencia. La ciudadanía exige resultados, eficiencia, justicia y ruptura de privilegios. La élite institucional responde con lentitud, bloqueo, formalismo y resistencia.

La pregunta que define este momento histórico es simple: ¿Es sostenible un país donde el poder formal lo tienen los invencibles, pero el poder moral y numérico lo tienen los inagotables?

La historia sugiere que no

Al final, los inagotables son los que pagan a los invencibles, ahora la plata de los invencibles no está asegurada.

Hacia una nueva Costa Rica

Las democracias se transforman cuando la distancia entre la legitimidad social y el poder real se vuelve insostenible. Costa Rica está entrando precisamente en ese umbral. No porque exista un movimiento organizado para derrocar la institucionalidad, sino porque la institucionalidad se ha divorciado de la sociedad al punto de no poder sostenerse sin reformarse.

La refundación que se vislumbra no será un acto abrupto, sino un proceso: un realineamiento entre lo que la ciudadanía demanda y lo que el Estado es capaz de ofrecer. Cada elección, cada protesta, cada reforma frustrada y cada institución paralizada acelera ese proceso.

Costa Rica avanza hacia una nueva etapa política donde la clave ya no será quién controla los privilegios, sino quién representa la voluntad colectiva.

Porque, aunque los invencibles pueden resistir, los inagotables pueden persistir.

Y en política, la persistencia finalmente vence.

Sea parte de este cambio, disfrute la democracia, salga a votar este 1 de febrero.

Última actualización: 08/12/2025