El transporte público en Costa Rica no es solamente un tema de movilidad, sino también un espejo de las desigualdades atravesadas por la gente. En la provincia de Alajuela moverse se ha vuelto un asunto de privilegio debido a que coexisten zonas urbanas densas y zonas rurales dispersas; altos costos, falta de rutas integradas y tiempos enormes de traslado son factores que afectan la calidad de vida, pero además, generan más exclusión social y de territorio.

Una provincia desconectada

En cantones como Grecia, Naranjo y San Ramón la mayoría de las personas gasta por lo menos una quinta parte de su dinero mensual para hacer uso del transporte; personas que estudian o trabajan en la capital del país salen de madrugada y regresan tarde en la noche, aún más en las zonas rurales donde hay comunidades enteras sin un servicio regular de transporte, por lo que el acceso al trabajo, educación o salud depende de tener dinero para un vehículo o para costear transporte privado.

Siendo Alajuela una provincia estratégica en términos como agricultura e industria y en un amplio aumento del crecimiento urbano parece sorprendente que su sistema de transporte tiene intenciones más claras sobre dividir que conectar; las rutas cantonales son aisladas, las tarifas disparejas y es casi inexistente una coordinación con el tren u otros medios.

La exclusión tiene rostro humano

Este problema no es nuevo, el MOPT y la ARESEP estructuran rutas y tarifas sin ir de la mano con la participación ciudadana ni con una visión territorial, sino más bien desde una lógica fragmentada y empresarial. De esta manera nos encontramos con una consecuencia grave, la poca capacidad de acción de los gobiernos locales y, por ende, un sistema encarecido, contaminante y pensado para beneficio económico de unos pocos, sin garantizar el derecho a la movilidad digna.

Esta realidad tiene rostro. En adultos y jóvenes que viajan dos horas para llegar al trabajo o que abandonan sus estudios por no poder costear las tarifas. Población adulta mayor que no pueden asistir a citas médicas o actividades comunales. Según esto cada ruta que no llega hasta casa o cada horario que no se cumple es una manera de exclusión.

Una propuesta justa para una movilidad justa

Urge una visión de movilidad justa y sostenible, no puede seguir siendo un servicio meramente comercial, sino más bien ser visto como un derecho social y una garantía de igualdad de oportunidades, implicando pensar en la Gran Alajuela como un espacio de interconexión que no sea una carga ambiental o económica.

Ejemplos de medidas que pueden marcar la diferencia llegan a ser la integración de rutas de Occidente sobre el tren interurbano con estaciones intermodales en zonas estratégicas como Alajuela, Grecia, Naranjo y San Ramón; el establecimiento de tarifas integradas con subsidios que atienden estudiantes, mujeres trabajadoras o personas con bajos recursos demostrables; el fortalecimiento de ejes de acción local en términos como planificación o fiscalización del transporte; la integración de buses eléctricos o transporte gestionado por cooperativas. Pero sobre todo el esfuerzo por garantizar que las comunidades participen en las decisiones referentes a la movilidad cotidiana.

Movilidad y justicia

El Frente Amplio, desde sus espacios, tiene el reto de que este tema se discuta, ya que hablar de transporte no es solo buses y trenes, sino también justicia social, igualdad de oportunidades y futuro. Movernos es un derecho y en el Gran Alajuela debe ser prioridad para el desarrollo, justicia y solidaridad de la zona.

El derecho al transporte se traduce como el derecho a trabajar, a estudiar o a la ciudad, por lo que no puede depender de poderes e influencias económicas o de condiciones específicas como vivir cerca de la ruta. La movilidad justa implica una democratización del territorio o la construcción de un modelo más ecológico, pero sobre todo, más humano.