Ante el deterioro en infraestructura educativa y los problemas de seguridad que enfrentan muchos cantones del país, la bancada del Partido Unidad Social Cristiana(PUSC), presentó a la corriente legislativa una propuesta de ley, para que las municipalidades del país cuenten con recursos frescos para atender dicha problemática.

La iniciativa plantea que del 40% que recibe la UNGL de la Ley N° 10 Sobre la Venta de Licores, se destine un 30% a todas las municipalidades del país para la atención de infraestructura, equipamiento educativo y  seguridad ciudadana en cada cantón.

Además, obligará a las siguientes instituciones: Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica (ANAI), Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (Recomm) y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que de los recursos asignados por la Ley no podrán gastar más de un 20% en el pago de salarios, y se verán  obligados cada año a presentar un informe detallado sobre el uso y ejecución de los mismos, ante la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

“Esta es una propuesta que vendrá a contribuir a dos problemas que pueden catalogarse como de emergencia nacional, y que desde la fracción Unidad hemos insistido en que deben abordarse con seriedad y prontitud. Consideramos que las municipalidades pueden perfectamente hacer un buen uso de los recursos que estaban destinados para otros fines, y que pueden priorizarse de la mejor manera para la atención de infraestructura educativa y seguridad cantonal”, detalló la jefa de Fracción Daniela Rojas.

Última actualización: 30/11/2022