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La pseudoizquierda y el privilegio de estorbar

M.Sc. Milton Madriz Cedeño Politólogo. Experto y analista en administración pública y gobernanza |
La pseudoizquierda y el privilegio de estorbar

La derrota electoral también examina la madurez de quienes la sufren. Adam Przeworski definió la democracia como un sistema en el que los partidos pierden elecciones. En Costa Rica, cierta oposición parece haber leído esa definición como una afrenta personal. Su respuesta consiste en presentar cada decisión del Gobierno como una emergencia nacional. Cuando el agravio sustituye al programa, la crisis acaba siendo el único proyecto que les queda y nada más.

El soberano habló en febrero pasado con absoluta claridad. Laura Fernández ganó en primera ronda con 1.243.141 votos, el 48,53 % de los válidos, según el Tribunal Supremo de Elecciones. El PLN obtuvo 33,65 %; el Frente Amplio, 3,76 %, y esta señora Claudia Dobles, alrededor de 4,9 %. El oficialismo consiguió, además, 31 de las 57 curules. Ese resultado confirió un mandato para gobernar dentro de la Constitución. A la oposición le corresponde únicamente fiscalizar y disputar el rumbo con propuestas en la sana teoría capaces de convencer. Pretender que su rechazo equivalga a un veto perpetuo es atribuirse en la calle la mayoría que no obtuvo en las urnas, y esto jamás será admisible en nuestra democracia.

Las encuestas agregan otra incomodidad. CID Gallup registró en agosto un 74 % de aprobación presidencial. El CIEP de la UCR reportó en setiembre un 64 % de valoración positiva de la gestión de la presidenta y un 59 % de valoración positiva del Gobierno. Son mediciones distintas, pero coinciden en un respaldo mayoritario. A quienes se arrogan la interpretación exclusiva de la voluntad popular les convendría examinar esa discrepancia. La ciudadanía conoce su discurso y, aun así, muchos ciudadanos juzgan favorablemente a Laura Fernández y su equipo. Quizá el problema no sea la comprensión del pueblo, sino la pobreza de lo que ustedes, la llamada oposición le ofrecen.

Los indicadores tampoco obedecen al megáfono de parque. El Banco Central proyecta un crecimiento de 3,2 % para 2026, algo inferior al 4,6 % de 2025, pero crecimiento al fin. Las exportaciones de bienes sumaron US$17.565 millones entre enero y setiembre, un 4 % más que en igual período de 2025. La pobreza multidimensional bajó de 9,9 % a 8,9 % de los hogares. Desde julio de 2025, el Banco Mundial clasifica a Costa Rica como una economía de ingreso alto. Son resultados acumulados que esta administración debe sostener y ampliar. Borrarlos del balance porque estorban al relato partidario oposicionista sería una forma de deshonestidad intelectual, y sepan, eso es lo que demuestran a diario.

Hay problemas serios. La pobreza por ingresos afecta al 15,4 % de los hogares y no mejoró de manera estadísticamente significativa frente a 2025. El desempleo alcanzó 6,5 % entre julio y setiembre, frente al 5,7 % de un año antes. Estos datos obligan al Gobierno a responder y a la oposición a proponer, cosa que no hace. También obligan a distinguir los problemas concretos de la fantasía de un derrumbe apocalíptico que quieren vender al pueblo sin mayor éxito. Quien anuncia una catástrofe nacional debe demostrarla con el conjunto de la evidencia. La contabilidad del país exige algo más que seleccionar las cifras que convienen al disgusto.

El conflicto presupuestario ilustra esa desmesura. El presupuesto de 2027 recibió primer debate el 5 de noviembre por 31 votos contra 23. El proyecto conserva el FEES ordinario en ₡593.484 millones, el mismo monto nominal de 2026. La disputa incluye ₡8.048 millones de recursos postergados durante la pandemia, equivalentes al 1,36 % de ese fondo anual, que el texto aprobado en primer debate reasigna al pago de la contribución patronal a las pensiones del Magisterio. Otra rebaja del mismo monto se tramita en el extraordinario de 2026. Son dos ejercicios distintos y un total de ₡16.096 millones en controversia.

CONARE invoca un acuerdo de devolución suscrito en 2025. Ese compromiso merece una respuesta del Ejecutivo y un examen jurídico. A su vez, las rectorías deben demostrar, partida por partida, qué servicios resultarían afectados y por qué sus prioridades internas serían intocables. El monto nominal conservado no resuelve toda la discusión; tampoco cualquier modificación presupuestaria demuestra que se esté destruyendo la educación pública, lo cual a todas luces es una falacia. Para sostener semejante acusación hace falta bastante más que una pancarta callejera. La indignación no sustituye la prueba del impacto.

Las medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional el 9 de noviembre deben acatarse. Las objeciones sobre autonomía y financiamiento universitario tendrán que resolverse por sus méritos. Mientras tanto, una medida provisional no equivale a una sentencia sobre el fondo ni convierte a quienes consultaron en vencedores de una elección que perdieron. Usar cada trámite judicial como certificado anticipado de ilegitimidad del Gobierno empobrece la discusión constitucional y permite eludir la discusión política que realmente incomoda.

Ahí aparece el descolorado Frente Amplio, no se sabe si es rojo o amarillo, cada vez más instalado en una contradicción que su retórica no logra disimular. Llamo pseudoizquierda a la que pronuncia “pueblo” mientras protege de todo examen las asignaciones de sus interlocutores institucionales. Una izquierda preocupada por la movilidad social tendría que discutir cuánto cuesta ampliar el acceso, qué resultados recibe el estudiante y cómo llega la universidad a quienes siguen fuera. La defensa automática del presupuesto existente ofrece una comodidad mucho mayor: permite posar de revolucionario sin incomodar a quienes administran la planilla.

La discusión sobre remuneraciones tiene antecedentes concretos. La Contraloría improbó partidas de anualidades de la UNA y el TEC en sus presupuestos de 2026 por superar, según su criterio, los topes legales de 1,94 % y 2,54 %. Las universidades sostienen otra interpretación y pueden defenderla en la vía correspondiente. Empero, esa controversia basta para desmontar la pretensión de que toda asignación universitaria sea irreprochable por definición. El Semanario Universidad documentó el conflicto. Exigir explicaciones sobre el gasto también es defender la educación pública. Resulta bastante revelador que esa causa produzca menos entusiasmo que exigir más dinero.

Al Frente Amplio le urge aterrizar. Su 3,76 % presidencial no lo convierte en una anomalía que deba silenciarse; sí vuelve insostenible su pose equivocado de portavoz indiscutible del pueblo. Siete diputados pueden aportar ideas valiosas. También pueden convertir su bancada en una oficina de agravios permanentes. A mi juicio, la estrategia de estas semanas se acerca demasiado a lo segundo. Su obsolescencia política se revela cuando responde a cada examen del gasto con la misma consigna. Invocar a los excluidos mientras se resiste a revisar las prioridades de los que ya están dentro es una contradicción que merece quedar desnuda.

Lo del Partido Liberación Nacional (PLN) resulta todavía más deslucido. Dieciséis años sin ganar una elección presidencial y cuatro derrotas consecutivas deberían bastarle para comprender el mensaje y entender que no ostentan poder. Su última administración terminó en 2014. En este episodio, una bancada de diecisiete parece satisfecha con seguir el libreto de otra de siete. Don Pepe fundó un partido para conducir el país. Sus herederos tendrán que explicar en qué momento les pareció suficiente cargar solo un megáfono y tras de eso prestado de otro partido.

La autoridad moral tampoco se recupera por antigüedad. En mayo de 2025, el Ministerio Público informó de la condena al exdiputado liberacionista David Gourzong por dos delitos contra la libre determinación del votante, relacionados con ofrecimientos de dinero a cambio de votos en 2018. Ese antecedente exige una autocrítica seria sobre corrupción electoral y responsabilidades partidarias. El PLN tiene muchísimo trabajo pendiente en su propia casa. Recitar sus glorias históricas del siglo pasado, no responde por ese antecedente ni sustituye la autocrítica.

La reacción “higadosa y oportunista” de su jefe de fracción al retiro del monumento a Figueres para restaurarlo resume el extravío. Álvaro Ramírez afirmó: “Así es como comienzan las dictaduras”. Antes, el Museo Nacional había reportado grafitis en cerca del 90 % de la base y pintura en tres esferas precolombinas. Las responsabilidades individuales de esta vandalización deben investigarse. Lo que sí puede juzgarse desde ahora es la desproporción del discurso: una restauración patrimonial convertida en anuncio de tiranía. Si ese es el rigor del diagnóstico, cuesta imaginar la seriedad del tratamiento y la pobreza intelectual de quienes conforman esa oposición.

El estudiantado merece algo más exigente que una invitación a obedecer como simples “tontos útiles”. La Circular R-61-2026 de la UCR facilitó la marcha del 20 de octubre con permisos de ocho de la mañana a cinco de la tarde, reprogramación de evaluaciones y suspensión de giras académicas y administrativas. CONARE convocó después el plantón del 2 de noviembre junto con las federaciones. Se trata, por tanto, de movilizaciones respaldadas por autoridades interesadas en el presupuesto en disputa. Ese origen obliga a examinar la convocatoria con la misma independencia que se exige frente al Gobierno.

El pensamiento crítico empieza por interrogar a quien convoca. Cada estudiante debería conocer qué recursos se discuten, quién decide su destino y cuáles serían las consecuencias comprobables de modificarlos. Cuando una dirigencia pide entusiasmo y dispensa de las explicaciones, está solicitando obediencia. La vieja expresión “tonto útil” describe esa trampa: prestar la propia convicción a intereses que no se han examinado. El estudiantado haría bien en impedir que las rectorías o el Frente Amplio lo conviertan en una reserva de pancartas. Una universidad digna de ese nombre enseña a reconocer la instrumentalización, incluso cuando venga envuelta en sus propios colores.

La presidenta de la FEUNA distinguió entre vandalismo e “iconoclasia” por el propósito político de esta última. Esa distinción conceptual no justifica el daño patrimonial. Una palabra más culta no limpia la pintura ni demuestra la legitimidad del acto. Y haber marchado el 20 de octubre, realizado un plantón el 2 de noviembre y convocado una huelga el 11 prueba que existen cauces de protesta. Quienes anuncian dictadura deberían explicar con precisión qué hechos concretos justificarían ese diagnóstico. El uso inflacionario del término termina por vaciarlo, máxime de quienes viene y sus calidades.

Max Weber vinculó la ética de la responsabilidad con las consecuencias de la acción política. Aplicado a este caso, exige preguntar qué obtiene el país de una estrategia que convierte cada discrepancia en una emergencia apocalíptica. Mi pronóstico es que, si el Frente Amplio y el PLN persisten en administrar el agravio en lugar de construir una alternativa, pueden terminar consolidando al oficialismo. La estridencia repetida desgasta a quien la practica, sobre todo cuando el ciudadano encuentra avances que su discurso se empeña en desconocer.

Es menester retirarles el privilegio de fijar la agenda mediante el escándalo. Que sus propuestas se examinen por su mérito y sus alarmas se midan contra la evidencia. Cuando solo ofrezcan ruido, corresponde negarles la atención que reclaman y continuar trabajando.

Las urnas les reconocieron algo de representación y les negaron el Gobierno. Para cambiar ese resultado tendrán que convencer al país; el país no tiene obligación de detenerse para aliviarles la derrota que tanto les duele y no aceptan.

Costa Rica necesita empleo, educación y seguridad. Su progreso no puede quedar suspendido hasta que esta oposición encuentre una causa más convincente que su resentimiento y frustración electoral. A quienes han hecho de estorbar su principal contribución política, corresponde dejarles una tarea mucho más ardua: ¡Demostrar que todavía tienen algo que aportar a la patria, si es que les interesa!

Última actualización: 15/11/2026